21 21UTC marzo 21UTC 2014 manolo Barnuevo

El acoso a través de la red: CIBERACOSO (II)

TRATAMIENTO ACTUAL Y ACTUACIONES FUTURAS

Como decíamos en el anterior post la figura del acoso, o el ciberacoso, cuando este se comete a través de las redes sociales o de internet en general no está penado como tal en nuestro ordenamiento jurídico, salvo en la caso de menores, o salvo que se trate de acoso sexual, laboral o inmobiliario.

Jurisprudencialmente se ha venido dando solución a la falta de tipicidad de acoso sancionando individualmente los comportamientos como delitos contra los bienes jurídicos de carácter personal atacados (libertad, honor, etc.), cuando la entidad de la actividad ilícita alcanza entidad suficiente para ello.

Otra de las vías, cuando el hecho no puede ser considerado delito pero sí una falta del 620 CP, sería la imposición de ordenes de alejamiento del art. 48 CP impuestas en base al artículo 57.3 CP, cuyo incumplimiento por parte del acosador supone ya un delito -quebrantamiento de condena del 468 CP-. En el caso del ciberacoso debería ser un alejamiento virtual, una prohibición de publicar nada contra la víctima, ni tratar de comunicarse con ella por ningún medio, prohibirle hacer mención alguna a la víctima en ninguna red social, etc.

Así, la calificación jurídica de estas actividades en las que se utiliza la red (ciberdelitos) como instrumento para cometer el ilícito, podrá ir desde una simple falta del 620 CP castigada con una pena de multa de diez a veinte días, a un delito contra el honor castigado con hasta dos años de privación de libertad o un delito de amenazas castigado con hasta cinco años de prisión en el caso de las más graves.

Por tanto, la temporal falta de tipificación del ACOSO entre mayores de edad (sin motivación sexual, laboral o inmobiliario), podrá encontrar su encuadre penal en estos tipos, a la espera de que quede tipificado con entidad propia, demanda que a pesar del carácter de ultima ratio del derecho penal, parece será atendida en mayor o menor medida por el legislador a la vista de la evolución de la sociedad en relación a las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que lamentablemente algunos utilizan para amedrentar, hostigar, perseguir, en definitiva para acosar a otros.

Y a pesar de que a juicio de importantes juristas de este país, la reforma del Código Penal en este sentido, ya se queda corta y aún no está aprobada, los ciudadanos estarán algo más protegidos frente a los ciberacosadores.

La preocupación por este fenómeno no es solo de ámbito nacional, el 17 de Febrero 2014 se presentó una propuesta de resolución en el Parlamento Europeo, la B7‑0208/2014 en relación a la lucha contra el Ciberacoso, pidiendo a la Comisión nuevas herramientas para luchar contra el mismo.

La propuesta se basa en la fuerte difusión que está experimentando el ciberacoso, las dificultades de las autoridades para dar una respuesta eficaz a este fenómeno, el grave impacto psicológico en los individuos, que se ve exacerbado por la rápida expansión de las redes sociales y los dispositivos portátiles que permiten conexión permanente o frecuente a internet.

Del mismo modo, en esta propuesta se pide a la Comisión que se inspire en la aplicación STOPit, desarrollada en los Estados Unidos, que permite facilitar la denuncia de abusos mediante las capturas de pantalla rápidas de comportamientos inapropiados en línea, su envío a grupos seleccionados de adultos de confianza y el acceso a líneas telefónicas de ayuda anónimas y gratuitas.

Desde luego este es un claro síntoma de la concienciación a nivel institucional del problema que se está produciendo ante la inmediatez para causar el daño que proporciona la red y la impunidad de los usuarios de las redes sociales.

La tecnología avanza mucho más rápido que las normas, pero esto no es lo único que no es nuevo para el legislador, que siempre debe ir adaptándose a la aparición de nuevas formas de delinquir.

Terminamos esta entrada con la misma recomendación que hacíamos en la anterior, a pesar de las dificultades, lo más recomendable es denunciar y poner el caso en manos de profesionales expertos, a fin de salvaguardar los derechos de la víctima y encontrar reparación del daño.

Ana Belén Spínola

Abogada en Ad&law

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