Cómo hacer frente a la recuperación de deudas impagadas

La gestión privada del cobro de deudas es una práctica cada vez más utilizada por empresas en España, que intentan recuperar impagos de sus deudores. Esta solución extrajudicial,  no constituye ilícito penal, es decir, el acreedor o las empresas de cobro, siempre que actúen dentro de la legalidad y sin extralimitaciones, tienen derecho a reclamar extrajudicialmente la deuda para que el deudor realice la entrega lo antes posible, así lo recoge el artículo 1096 del Código Civil.

El artículo 1100 del CC establece que, de forma judicial, las personas físicas o jurídicas que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en engaño, negligencia y morosidad, están sujetos a la indemnización de daños y prejuicios. Por lo tanto, ante una resolución firme de los órganos judiciales que dictamine la morosidad de una persona, el acreedor tiene derecho a recuperar la deuda por sí mismo y por su cuenta, en lugar de acudir a la tutela judicial del crédito.

Para ello, existen profesionales del recobro con experiencia y con una formación integral, sin embargo, también aparecen gestoras de cobro de impagos que en ocasiones incumplen la legislación actual y  tratan de manera ofensiva al deudor, incluso dañando los derechos fundamentales de la persona. Esta falta grave, se debe a la ausencia de una normativa específica que establezca y regule los límites y competencias de las empresas dedicadas a la gestión privada de recuperación de deudas, y que ha supuesto el aumento de empresas que utilizan malas prácticas.

Para una buena actuación a la hora de realizar el procedimiento de recobro de deudas impagadas, existe una serie de consejos:

Recopilar información. Es necesario conocer el historial de pago de la empresa deudora para realizar un estudio de expectativas de pago y observar la viabilidad de establecer un acuerdo con el deudor. Es imprescindible que el deudor tenga presente cuanto, como y cuando pagar.

No utilizar términos negativos. Al tratar personalmente con la empresa deudora, es recomendable emplear un lenguaje correcto pero serio, y utilizar eufemismos como “incidencia de cobro” en lugar de palabras con carga negativa como “impago”, “deuda” o “morosidad”.

Utilizar documentos físicos para apoyar los argumentos. Para rebatir los pretextos de la empresa deudora y resultar más convincente es importante tener a mano los documentos y las facturas que indiquen los impagos que se deben.

Advertir al deudor de las consecuencias legales del impago de deudas. En España, los sentenciados por los tribunales como morosos pasan a registros confidenciales de riesgo, de modo que los bancos y los clientes conocen esa información y desconfían de futuros negocios con esa empresa.

Recurrir a empresas de recobro de deudas. Si nada de eso funciona, las empresas de recuperación de deudas utilizarán métodos legales y legítimos contra el deudor.

Cómo conseguir liquidez para tu empresa

Las empresas se encuentran día a día ante la necesidad de hacer frente a distintos pagos y para ello necesitan liquidez, que no es otra cosa que la capacidad de obtener recursos líquidos a través de su explotación con los que atender sus obligaciones de pago. Por tanto, es indispensable que todas las empresas conozcan y midan su liquidez ya que así sabrán en qué situación se encuentran.

Para relacionar el efectivo de la empresa con las deudas a corto plazo y medir la liquidez, se utiliza el ratio o razón de  liquidez, de cuyo análisis se puede obtener la solvencia de efectivo de la empresa y su capacidad de generar fondos para atender los compromisos adquiridos con terceros. Pero ¡ojo! porque una empresa que tiene buena liquidez es solvente pero puede darse el caso de que una empresa sea solvente pero no genere liquidez.

¿Qué pasa si la empresa no tiene liquidez? Pues que hay problemas para atender los pagos, lo que genera tensiones en la tesorería. Normalmente, la falta de liquidez se intenta solucionar pidiendo más dinero. Sin embargo, para optimizar la tesorería las empresas deben analizar la rentabilidad de su actividad y comprobar que las líneas de negocio no llevan a la empresa a una situación deficitaria.

Además de organizar los cobros y pagos y de diseñar un calendario de inversiones, existen otras fórmulas que las empresas pueden utilizar para conseguir liquidez:

Renegociar condiciones con clientes y proveedores. Ajustar las fórmulas de cobro y pago con clientes y proveedores, de manera flexible, en función de las necesidades de la empresa y que favorezcan a las dos partes, puede acelerar la adquisición de liquidez.

Aplazar la deuda. Hacienda permite aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, si el procedimiento se realiza antes de que venza el plazo correspondiente para pagar.

Gestionar el stock. Es importante tener el stock al mínimo, ya que el exceso de existencias en el almacén implica tener dinero parado.

Vender o alquilar activos no estratégicos.  De esta forma se da salida a equipos de la empresa que no constituyen su actividad principal y no entran directamente en su valoración generando, así, una oportunidad para obtener liquidez.

Las multas a PYMES que usen software ilegal pueden llegar a los 280.000€

Las PYMES que no utilicen de manera legal su software corren el riesgo de ser multadas con hasta 280.000 euros. En este sentido se considera que se comete una infracción cuando se copia o se distribuye de manera no autorizada un software con copyright.

Para luchar y castigar de igual manera esta conducta en el mundo físico como en el ciberespacio, el 1 de julio se procedió a la reforma del Código Penal que hace recaer la responsabilidad de violaciones a la propiedad intelectual no sólo sobre los particulares, sino también sobre las empresas, endureciendo las faltas y calificándolas como delitos (leves o graves, según cada caso concreto) e incluyendo hasta penas de prisión para los mismos.

La reforma implica cambios fundamentales en la jurisprudencia sobre la protección de derechos de autor del software:

- Multas de hasta 280.000 €. Para condenar los delitos de piratería en España, la nueva legislación sancionará con multas graves, de 6 meses a 2 años, a las empresas o particulares que copien programas sin autorización.

- Penas de prisión de hasta 4 años. Para castigar los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y la explotación económica de cualquier obra, la reforma podrá imponer penas de prisión de 6 meses a 4 años. De esta forma se sancionará a aquellas personas o empresas que faciliten el acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual, pudiendo, incluso, bloquear el acceso a la web correspondiente y retirar las obras cuando a través de un portal se difundan los contenidos.

- Suspensión de la actividad empresarial. La empresa que vulnere los derechos de autor del software podrá ser suspendida de sus actividades hasta cinco años. Además, la normativa establece que podrá producirse la disolución de la compañía responsable del delito, impidiendo la continuación de su actividad empresarial.

- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. La empresa infractora será excluida de subvenciones y ayudas públicas para obtener beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante un máximo de quince años.

- Responsabilidad directa de los administradores. La nueva normativa del Código Penal podrá sancionar tanto a la persona jurídica o responsable legal de la empresa como al administrador, que dispongan de software sin licencia, con penas de prisión de hasta 4 años y multas equivalentes a las de las personas jurídicas. Además podrán ser inhabilitados de sus actividades y clausurados locales y establecimientos.

- Obligaciones para todas las empresas. La nueva ley impone a las compañías la responsabilidad de aplicar programas de cumplimiento, tales como la legalidad de su software; modelos de organización y gestión con medidas de vigilancia y control para la prevención de delitos; y un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de esas medidas.

Requisitos legales que debe cumplir una App

Las aplicaciones se han convertido en un negocio muy rentable que las ha convertido en el producto estrella para muchos emprendedores, desarrolladores e inversores.  Sin embargo, antes de lanzar una aplicación al mercado se debe prestar atención a los requisitos legales que, de no tenerse en cuenta, pueden acarrear sanciones.

Permisos, licencia y condiciones de uso. Hay que ser claros y explícitos a la hora de solicitar permisos al usuario para acceder a contactos de su dispositivo, realizar pagos o ceder datos. Además, es obligatorio desarrollar licencias y condiciones de uso. En todos los casos no basta con informar al usuario sino que éste tiene que aceptar, ya que en caso de reclamación tendremos una mejor defensa.

Derechos propios y de terceros. Es obligatorio disponer de licencias de los recursos que se vayan a utilizar. Para ello, hay que leer detenidamente las condiciones ya que hay casos en los que los recursos excluyen el uso comercial, no pudiéndose ejecutar en aplicaciones. Además, conviene proteger el contenido para evitar plagios y copias.

Menores. En caso de Apps dirigidas a menores de 14 años se deben consultar las leyes correspondientes y las obligaciones impuestas ya que existe una regulación especial en materia de consumidores y usuarios, protección de datos, derechos de imagen, etc.

Funcionalidades lícitas. Al igual que en el marketing tradicional, lo que es ilícito offline en la App también lo es como, por ejemplo, el estimular un ámbito de vida poco saludable, como el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias.

Privacidad y geolocalización. La recogida de información del usuario debe ser la indispensable para el funcionamiento de la App y éste debe tener la posibilidad de configurar la privacidad. Además, si nuestra aplicación dispone de geolocalización, se tiene que contar con la aceptación del usuario para poder acceder a ella.

Información y cookies. Es fundamental informar al usuario de los aspectos regulados en la ley y mostrar los datos sobre los creadores y sobre quienes se encuentra tras la App. También es necesario que el usuario acepte las cookies, mediante un aviso informativo con la información básica y precisa sobre las mismas, y los aspectos exigidos por la ley.

Markets. Tienen condiciones muy estrictas para que se puedan publicar las aplicaciones por lo que hay que cumplir siempre lo que piden. De hecho, incluso cumpliendo las condiciones al colgar la app, éstas pueden cambiar y hacer que la aplicación no esté disponible para usuarios nuevos. Un ejemplo que suelen alegar los markets para rechazar una App es que su interfaz de usuario es compleja o menos que “muy buena”.

Publicidad. Si monetizamos una aplicación a través de publicidad, ésta debe identificarse siempre como tal.

Recomendamos que no se pase por alto la normativa legal ya que el incumplimiento de estos requisitos puede generar problemas con la administración, la justicia y los usuarios. Además, de poder provocar retrasos en el lanzamiento, las actualizaciones o modificaciones de última hora de la aplicación que no estaban previstos y que pueden suponer un coste añadido al proyecto.

Trade, trabajadores por cuenta propia

Hay varias figuras que un trabajador debe considerar a la hora de convertirse en autónomo con el fin de seleccionar aquella que mejor se adecue a su labor. En este sentido, aquellas personas que vayan a iniciar un trabajo como autónomo y sepan que el 75% de sus ingresos va a proceder de un cliente concreto, de manera habitual, lo mejor que se establezcan como ‘trade’ ya que ésta figura es la que regula a aquellos trabajadores que son económicamente dependientes de un cliente específico.

Para ser considerado como un trabajador ‘trade’ la Ley establece que se tienen que cumplir una serie de requisitos:

  1. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad a terceros.
  2. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicio por cuenta del cliente.
  3. Tener una infraestructura productiva y materiales propios para el ejercicio de su actividad y que éstos sean independientes de los de su cliente.
  4. Que no ejerza su profesión en régimen societario o bajo cualquier otra fórmula jurídica admitida en derecho.
  5. Que no posea un local, establecimiento, oficina o despacho abierto al público.

Además, las personas que desarrollen su labor como ‘trade’ deben formalizar un contrato con su cliente en el que aparezcan los días de descanso, los festivos y la duración de su jornada laboral. De esta manera la relación que establecen con la empresa que les contrata es una relación mercantil por lo que se factura por los servicios prestados a la compañía.

Pero, ¿a qué está obligado un trabajador que desempeñe su actividad como ‘trade’?

  • Declaración censal
  • Pago de IVA e IRPF cada tres meses
  • Declaración de la renta por rendimientos de actividades económicas
  • Pagar IVA de las facturas. No obstante, se puede deducir los gastos.
  • Seguridad Social. En este caso es el trabajador el que fija la base de cotización y paga todos los meses la cuota.

La diferencia fundamental para seleccionar la figura de ‘trade’ frente a otras lo determinan los ingresos que se tengan del trabajo realizado. Es decir, un autónomo antes de decidir ser ‘trade’ tiene que tener en cuenta que si tiene una facturación elevada los impuestos también pueden serlo. Además, debe ser consciente de que en el este caso el régimen que los cubre es el de autónomos y no el régimen general de la seguridad social. 

Bonificaciones para la contratación de un joven menor de 30 años

En pocos años el empleo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. Y no es de extrañar, ya que si atendemos a los últimos datos registrados en nuestro país veremos que, en mayo, la tasa de paro se situó en el 22%. No obstante, el dato empeora si nos fijamos en el desempleo que existe entre los jóvenes menores de 25 años, que alcanza el 49%.

Para intentar paliar esta situación se han desarrollado políticas activas de empleo que tienen como objetivo favorecer la contratación de jóvenes menores de 30 años por parte de las empresas a través de bonificaciones o deducciones fiscales.

Además, los empresarios deben tener en cuenta que las medidas que recogemos a continuación estarán vigentes hasta que se rebaje la cifra del 15% en la tasa de desempleo.

  • Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa: se reduce el 100%  de la cuota empresarial por contingencias comunes en empresas de plantilla inferior a 250 trabajadores y el 75% en empresas de igual o superior plantilla. Tiene una duración de 1 año, aunque puede prorrogarse durante otro año más.
  • Contratación por microempresas y autónomos: reducción del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante un año.
  • Conversión en indefinido del contrato Primer Empleo Joven: las bonificaciones se dan a la transformación del contrato, una vez finalizado su duración mínima de 3 meses y la cuantía asciende a 500 euros por año, en el caso de los hombres, y a 700 euros por año en el caso de las mujeres. Esta bonificación tiene una duración de 3 años.
  • Contrato en prácticas: Reducción del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes y bonificación adicional del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes. Esta bonificación también se aplica a menores de 35 años discapacitados y, la vigencia dura hasta que finalice el contrato.
  • Contrato indefinido para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: este tipo de contrato supone una bonificación de 1.800 euros durante 6 meses (300 euros/mes). Sólo estará vigente hasta el 30 de julio de 2016.

Bonificaciones a la contratación por tipo de empresas:

  • Empresas de inserción temporal/indefinido: si la persona contratada está en riesgos de exclusión social la bonificación anual asciende a 1.650 euros y se aplica durante toda la vigencia del contrato o durante los siguientes 3 años si se trata de un contrato indefinido (también es aplicable a menores de 35 años discapacitados).
  • Cooperativas o Sociedades Laborales: los menores de 30 años o de 35 años discapacitados que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo a la cooperativa o sociedad tendrán una bonificación de 800 euros al año durante 3 años.
  • Empresas menores de 50 trabajadores: si contratan a jóvenes de entre 16 y 30 años desempleados se beneficiarán de 1.000 euros el primer año, 1.100 euros, el segundo año y, 1.200 euros, el tercero. En el caso de que contraten a mujeres subrepresentadas, en el mismo rango de edad, dichas cantidades se incrementarán en 100 euros cada una. Estas bonificaciones tienen una duración de 3 años.

 

¿Qué tipo de sociedad debo elegir para mi empresa?

Cuando se inicia un negocio una de las principales dudas que surge es la de qué tipo de sociedad hemos de elegir en base a la actividad que se va a emprender. Ante esto hemos de tener en cuenta el capital con el que contará el negocio, cuántos socios habrá y conocer qué beneficios y obligaciones tiene cada tipo de sociedad.

En este sentido un error muy común que cometen los autónomos es el de pensar que sólo pueden constituirse como sociedad si entra otro socio en el proyecto. Esto es un error, ya que la realidad es que un profesional puede crear una sociedad sin necesidad de dejar de ser autónomo puesto que lo único que cambia es su estatus y las obligaciones a las que tiene que hacer frente.

Tipos de sociedades como persona física

  • Empresario individual. Como su propio nombre indica es una actividad individual, en la que no existe capital mínimo y la responsabilidad es ilimitada. Se tiene como obligación fiscal el IRPF.
  • Comunidad de bienes y Sociedad civil. Son dos tipos de sociedades para las que se necesitan un mínimo de 2 personas. De resto tienen las mismas características que la figura anterior: no hay capital mínimo, la responsabilidad es ilimitada y se debe hacer frente al IRPF.

Tipos de sociedades como persona jurídica.

  • Sociedad limitada. Es la más habitual dado que se constituye como mínimo con una sola persona, un capital de 3.000 euros y la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. Las obligaciones fiscales se limitan al Impuesto de Sociedades y al IVA.
  • Sociedad anónima. El capital mínimo son 60.000 euros y lo puede constituir una sola persona. Sin embargo, esta figura está pensada para empresas grandes (no para empresas familiares). En este caso, también hay que hacer frente al impuesto de sociedades y al IVA.
  • Sociedad limitada nueva empresa. Tiene un mínimo de capital de 3.000 euros y un máximo de 120.202 euros. Además, tiene un límite de 5 socios siempre que sean personas físicas, no jurídicas. Las obligaciones fiscales son las mismas que en los dos casos anteriores: impuesto de sociedades e IVA, aunque cuentan con algunas ventajas fiscales como los aplazamientos en el año en el que se crea la empresa. Una de las ventajas de este tipo de sociedad es que puede constituirse telemáticamente, lo que supone un ahorro considerable de tiempo. Por el contrario, como desventaja encontramos que tiene como límite de duración 3 años, luego debe transformarse.
  • Cooperativa. No tiene un capital mínimo pero sí debe contar con, al menos, 3 socios. En el impuesto de sociedades cuentan con unos tipos preferentes y, también, tienen que hacer frente al IVA. Uno de los inconvenientes de esta figura es que está regulada de manera diferente por cada Comunidad Autónoma por lo que dependiendo de dónde se desarrolle la actividad variarán algunas normas.
  • Sociedades laborales. Hay dos tipos: las Sociedades Limitadas Laborales, cuyo capital mínimo es de 3.000 euros y, las Sociedades Anónimas Laborales, que deben contar con 60.000 euros de capital. El mínimo de socios son 3 y 2 de ellos deben ser trabajadores con contrato indefinido. 

Trámites legales para compaginar tu trabajo con el de freelance

Con un trabajo ya no basta para llegar a fin de mes. Por eso hay muchas personas que se plantean realizar algún trabajo de freelance que les permita ganar algunos ingresos extras sin tener que dejar su trabajo por cuenta ajena. No obstante, antes de tomar esta decisión se recomienda revisar el contrato de trabajo por si hubiera alguna cláusula de dedicación exclusiva y cerciorarse de que el trabajo que se va a desarrollar no implica ninguna labor desleal con la actividad principal.

¿Mi actividad es puntual o periódica?

En el caso de que no haya conflicto con el otro empleo lo primero que hay que plantearse es si esa labor va a ser algo puntual o se va a convertir en una actividad periódica porque si haces trabajos eventuales por un importe elevado, lo mejor es darte de alta como autónomo y, una vez acabado el trabajo, darte de baja. Aunque esto supone dificultades administrativas, evitarás problemas con la Seguridad Social, cumpliendo así con el pago de los recibos en relación al tiempo que estés dado de alta como autónomo.

¿Cuánto dinero estoy ganando?

Otro dato que debes tener en cuenta es que si ganas más de 884,40 euros/mes (es decir, si ganas más del Salario Mínimo Interprofesional) tienes que darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y hacer frente a la cuota mensual que asciende a 264,44 euros para la base de cotización mínima. Es decir, si la actividad que vas a realizar por cuenta propia no te va a reportar grandes beneficios es mejor que te plantees emitir facturas sin necesidad de darte de alta como autónomo a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Hacienda.

¿Cómo cotizar en pluriactividad?

Según la Seguridad Social “se entiende por pluriactividad la situación del trabajador por cuenta propia y/o ajena cuyas actividades den lugar a su alta obligatoria en dos o más Regímenes distintos del Sistema de la Seguridad Social”. En estos casos, los trabajadores cotizarán en ambos regímenes y tendrán la opción de tener dos pensiones a la hora de la jubilación, siempre y cuando las cotizaciones se superpongan al menos durante 15 años.

Simultaneidad.

Además, quienes estén en esta situación de simultaneidad y hayan cotizado en 2014, respecto de contingencias comunes en régimen de pluriactividad, por valor igual o superior a 12.215,41 euros/año, tienen derecho a una devolución del 50% del exceso si sus cotizaciones han superado esa cantidad (con un tope del 50% de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial).

Diferencias entre una aceleradora y una incubadora

En los últimos años el emprendimiento se está convirtiendo en una de las principales alternativas al desempleo y por eso incubadoras y aceleradoras de empresas han ido surgiendo en nuestro país para ayudar en el asesoramiento, configuración y financiación de startups, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas?

Lo primero que tenemos que saber es que tanto las aceleradoras como las incubadoras se encargan de ayudar a las startups en su fase inicial, a estructurar su modelo de negocio, su estrategia de captación de clientes y su financiación, tratando de asegurar el éxito de sus proyectos  mediante una serie de técnicas empresariales.

No obstante, aunque tengan un objetivo común sí que podemos encontrar diferencias entre ellas. La principal es que una aceleradora se encarga de impulsar el crecimiento y desarrollo de las startups que ya están en marcha, por lo que las empresas se encuentran en fases más avanzadas (fase pre-semilla o semilla), mientras que una incubadora ofrece la formación y asesoramiento necesario para configurar una startup desde sus inicios, ayudando a los emprendedores a convertir su idea de negocio en una inversión rentable.

Las aceleradoras conceden un espacio compartido donde se trabaja bajo un programa de “mentoring” en el que se trabajan los aspectos importantes para el rápido desarrollo de la startup. A través de este sistema de instrucción, las aceleradoras ayudan al emprendedor a resolver las dificultades con las que se pueda encontrar. Ofrecen, además, un continuo seguimiento de las decisiones empresariales, validando y orientando el modelo de negocio lo antes posible dentro del periodo de aceleración (de 3 a 12 meses).

Por su parte, una incubadora suele ser un espacio físico con algunos servicios básicos que acoge startups en fases iniciales o ideas a un precio reducido, instruyendo y asesorando a los emprendedores desde el inicio del proyecto empresarial y regulando su capacitación e infraestructura administrativa. Las incubadoras permiten el desarrollo de productos de calidad y en cantidades adecuadas para que el proyecto que se pone en marcha sea rentable. Como es el caso de Grupo Intercom, la incubadora de referencia en España, que generaron negocios como Softonic, Infojobs o Niumba.

A diferencia de las incubadoras, las aceleradoras realizan una aportación inicial de capital (seed funding) y facilitan a los emprendedores la oportunidad de realizar acciones que aumenten el valor de la startup. A cambio, la aceleradora suele recibir entre un 5% y un  10% del valor de la empresa. SeedRocket o Wayra, son dos de las aceleradoras más antiguas de España y ofrecen a las startups espacios de trabajo, mentorización, apoyo tecnológico y asesoramiento.

Cómo cumplir con la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD)

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) publicó en 2012 un estudio en el que aseguraba que existía un gran número de empresas que no habían cumplido con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Un problema que, en 2014, generó más de 12.000 reclamaciones de los usuarios ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Esta Ley es de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas que tienen trabajadores por lo que, desde AD&LAW, recomiendan a los empresarios que no esperen al último momento para ponerse al día con la Ley ya que las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros.

Para cumplir con la LOPD las empresas deben:

  • Tener un documento de seguridad en el que se recojan los datos de la empresa (a qué se dedica, qué datos manejan, cuáles son sus medidas de seguridad, etc.)
  • Inscribir cada uno de los ficheros de la empresa en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD para que puedan ser consultados por cualquier ciudadano.
  • Recoger los datos con el consentimiento de cada cliente, usuario o trabajador para su posterior tratamiento informándoles del artículo 5 de la LOPD. En el caso de que se trabaje con otra empresa, que también recopile datos personales, ésta debe de tener una información mínima en la que se explique cómo se consiguen esos datos y cómo y para qué se tratan. En cuanto a los trabajadores si no se incluye información sobre la protección de datos en sus contratos tendrán que firmar una declaración personal que explique los derechos y deberes del trabajador sobre la protección de datos.
  • Poner los medios necesarios para velar por la seguridad de la información: contraseñas, cifrados, armarios con cerradura, etc.

Existen distintos niveles de protección de los datos dependiendo de qué información se esté manejando:

  • Nivel básico: información sobre el nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, teléfono….
  • Nivel medio: información administrativa o penal, datos tributarios, información sobre la solvencia,…En este nivel las empresas tienen la obligación de realizar una auditoría bianual de protección de datos.
  • Nivel alto: aquella información que hace referencia al origen racial, la salud, creencia, vida sexual…

Además, el empresario debe dar a los usuarios el derecho ARCO, es decir, el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Y tienen que cumplir con el deber de secreto por el que no pueden comunicar datos confidenciales a terceros.

En el caso de no cumplir con la Ley las sanciones pueden ir desde los 900 euros hasta los 600.000 euros por lo que es recomendable estar al día en todas las obligaciones. Las empresas deben tener en cuenta que si la infracción o negligencia la realiza uno de sus trabajadores la sanción será a la empresa razón por la que los trabajadores deben de estar informados en todo momento de cómo tienen que hacer frente a la LOPD.

¡EMPECEMOS!