¿Cómo puedo contratar a mi pareja?

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Matrimonio o no de por medio, el autónomo puede contratar a cualquier persona que conviva con él y esté a su cargo, al encontrarse dentro de lo que el Estado considera familiares hasta de segundo grado. Los descendientes, ascendientes y demás parientes podrían acogerse también a esta figura, que ha dado en llamarse “autónomo colaborador”. Para contratar a un familiar es recomendable tener en cuenta una serie de aspectos.

Requisitos. Como se ha comentado, el autónomo colaborador debe ser familiar directo del autónomo, y es condición sine qua non que ambos vivan bajo el mismo techo. Además, no podrá tratarse de una colaboración puntual, sino que deberá trabajar en el negocio de manera habitual. Por otra parte, tampoco podrá estar dado de alta como asalariado en otra empresa. Cabe señalar la norma que prohíbe a los menores de dieciséis años ejecutar trabajo autónomo o actividad profesional en general, que en este caso tampoco supone una excepción.

Bonificaciones. Durante los primeros 18 meses posteriores al alta, los familiares de autónomos gozarán de una bonificación del 50% en la cuota de autónomos. Para que la pareja de hecho pueda acceder a este incentivo deberá acreditar una convivencia estable y de una duración ininterrumpida no inferior a cinco años con su correspondiente certificado de empadronamiento. Además, se exigirá el certificado de inscripción en alguno de los centros de registro del ayuntamiento del lugar de residencia o comunidad autónoma, o el documento público en el que conste la constitución de la pareja. Por su parte, el autónomo titular podrá beneficiarse de las bonificaciones que correspondan según el contrato que establezca, en función de los requisitos que se exigen para cada modalidad: indefinido de apoyo a emprendedores, formación o aprendizaje, etc.

Darse de alta. No será necesario que el autónomo colaborador se dé de alta en hacienda, bastará con que lo haga en el RETA de la Seguridad Social como familiar colaborador. Los documentos a presentar junto al modelo TA0521/2 (Solicitud de alta en el régimen especial de autónomos – Familiar colaborador del titular de la explotación) serán el DNI, una copia del alta en Hacienda del familiar dado de alta en autónomos y titular del negocio y el libro de familia.

Obligaciones Fiscales. El familiar colaborador no tendrá que hacer la declaración trimestral del IVA ni el modelo 103 para el pago fraccionado del IRPF. Sin embargo, el autónomo titular sí deberá presentar dichos documentos, así como incluir las cuentas imputables a su autónomo colaborador.

Ventajas de la contratación de personas con discapacidad

La Ley obliga a cualquier empresa con más de 50 empleados a que al menos el 2% de ellos tenga algún tipo de discapacidad. Su contratación permite a la empresa acceder a muchas ventajas.

Personas con Discapacidad

La Ley obliga a cualquier empresa con más de 50 empleados a que al menos el 2% de ellos tenga algún tipo de discapacidad. No obstante, son muchas las empresas que no cumplen con este requisito ignorando que, la contratación de este tipo de personas, permite a la empresa acceder a un gran número de ventajas que pueden ser de gran interés para pymes y autónomos.

Contratación indefinida

Bonificaciones y subvenciones a tiempo completo. La normativa contempla una subvención única de 3.907€ por la contratación de un trabajador con discapacidad. Sumado a ello, la Seguridad Social establece una bonificación en las cuotas que varía desde los 4.500 a los 5.350 euros al año si el trabajador carece de discapacidad severa y es menor de 45 años, así como una de 5.700 euros al año si es mayor de 45 años. Por la otra parte, serán descontados entre 5.100 y 5.950 euros al año cuando la empresa contrate a una persona con discapacidad severa menor de 45 años, y 6.300 euros si supera esta edad.

Bonificaciones y subvenciones a tiempo parcial. En este caso la bonificación se establece de forma proporcional a la jornada pactada entre empresario y empleado, a lo que también habría que sumar la subvención única de 3.907€ por trabajador.

Subvención. La empresa percibirá también una subvención que puede alcanzar los 901,52 euros para adaptar puestos de trabajo, eliminar barreras o dotar de medios de protección.

Deducciones. A las ventajas anteriores se une la deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades en la cantidad de 6.000 euros por persona contratada al año, siempre que esta contratación implique un incremento del promedio de trabajadores con discapacidad en la plantilla.

Contratación temporal
Bonificaciones y subvenciones a tiempo completo. Desaparece en este caso la subvención única. En función de la gravedad de la discapacidad, sexo y edad del trabajador la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social oscila entre los 3.500 y los 4.700 euros al año.

Bonificaciones y subvenciones a tiempo parcial. De nuevo se establece una bonificación proporcional a la jornada pactada.

Subvención. Las contrataciones temporales de personas con discapacidad percibirán una subvención idéntica a las de jornada completa por adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección por valor de 901,52 euros.

Otros Contratos

Contrato en prácticas. La Ley establece una reducción de la cuota a la Seguridad Social del 50%, siempre que no hayan transcurrido 6 años desde el fin de sus estudios, con duración de entre 6 meses y 2 años.

Contrato de formación. También en estos casos se reduce en un 50% la cuota a la Seguridad Social por un contrato de entre 6 meses y 2 años de duración, a excepción de que el convenio colectivo de ámbito sectorial fije diferentes duraciones. Aun así, en ningún caso podrán superarse los 4 años de duración.

Contrato de interinidad para sustituir la baja por incapacidad temporal de un trabajador con discapacidad. Se aplicará una bonificación del 100% de la cuota a la Seguridad Social durante el tiempo que perdure esta situación.

Las facilidades de una Comunidad de Bienes

Aunque carece de personalidad jurídica propia, la Comunidad de Bienes es una de las formas más fáciles de poner en marcha un proyecto empresarial junto a otros autónomos.

Aunque carece de personalidad jurídica propia, la Comunidad de Bienes es una de las formas más fáciles de poner en marcha un proyecto empresarial junto a otros autónomos. Esta no tributa ni debe presentar anualmente el  Impuesto de Sociedades, siendo imputados sus ingresos de manera individual a la renta de cada uno de los socios. Así, dos o más trabajadores por cuenta propia pueden unirse manteniendo su condición de autónomos, con los mismos derechos y obligaciones.

La Comunidad de Bienes resulta una opción ideal para presupuestos iniciales ajustados, ya que la complejidad de los trámites y su coste son mínimos. Constituirla no requiere ninguna formalidad específica, basta con un contrato privado escrito y firmado por todos los socios. En caso de que se aporten bienes inmuebles o derechos reales sí que sería necesario hacer el contrato en escritura pública. Dicho contrato debe llevarse a Hacienda para identificar la comunidad de bienes a efectos fiscales y diferenciarla de los socios, que ya contarán como autónomos con su propio número de identificación. Inicialmente la empresa conseguirá un CIF provisional, que podrá ser canjeado tras seis meses por uno definitivo.

Sin necesidad de inscribir la comunidad de bienes en el registro mercantil, habrá que efectuar el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La cuota es del 1% del capital inicial declarado en el contrato. Hay que destacar que no es necesaria una aportación mínima de capital, y que la cantidad que aporte cada socio determinará su participación en la Comunidad de Bienes.

A continuación será imprescindible efectuar el Alta en el RETA, y en el Régimen General en caso de contar con trabajadores contratados específicamente para el proyecto común. Por último, los miembros de la Comunidad de Bienes necesitarán el libro de visitas de cara a futuras inspecciones de trabajo.
Además, Hacienda ha empezado a encajar algunas comunidades de bienes con actividad mercantil dentro del régimen del impuesto de sociedades en vez del impuesto sobre la renta. Esto que en principio es una buena noticia (porque los tipos marginales del IRPF son normalmente más altos que el impuesto de sociedades) puede no serlo siempre por lo que habrá que analizar en cada caso la naturaleza mercantil o no de la comunidad de bienes.
No obstante, la principal desventaja de las comunidades de bienes reside en el modo de afrontar las deudas frente a terceros ya que la responsabilidad no es limitada, al contrario de lo que ocurre en otras sociedades mercantiles. Así, en caso de deudas, accidentes, responsabilidad civil,… todos los socios responden solidariamente con sus bienes presentes y futuros lo que puede suponer un problema.

Cómo contratar a un trabajador siendo autónomo

Que un trabajador sea autónomo no significa que no pueda contratar a otro trabajador. De hecho, un profesional por cuenta propia puede contratar a un empleado de la misma forma que lo hace una empresa.

Autonomo

Que un trabajador sea autónomo no significa que no pueda contratar a otro trabajador. De hecho, un profesional por cuenta propia puede contratar a un empleado de la misma forma que lo hace una empresa. En estos casos lo primero que se debe hacer es solicitar la inscripción de la actividad como autónomo en la Seguridad Social, afiliar al trabajador, darle de alta en el régimen general y comunicar esta contratación al INEM. Todos estos trámites se pueden realizar en la Tesorería General.

Sin embargo, el principal problema no es contratar un trabajador sino en qué régimen se decide contratar al empleado.

  • Un autónomo que contrata otro autónomo. En este caso no se estaría contratando a un empleado sino que se estarían contratando los servicios de otro profesional. Por tanto, el contrato sería mercantil y no se podría hablar de jefe ni empleado sino de cliente. El método de pago son las facturas que el profesional emita al realizar sus servicios y la seguridad social corre a cargo del profesional contratado. En este caso también se puede contratar a comisión, dejando claro cuándo se cobra dicha comisión.
    Un autónomo que contrata un empleado. La diferencia con el punto anterior es que las cuotas de la seguridad social corren a cargo del autónomo ya que se firma un contrato laboral. Para ello, el autónomo tiene que darse de alta como empresario en la Seguridad Social (este trámite no implica la pérdida de la categoría de autónomo ya que no es incompatible estar dado de alta como profesional por cuenta propia y como empresario), tiene que solicitar una cuenta de cotización, dar de alta al trabajador y registrar el contrato con el SEPE.
  • Un autónomo que contrata un empleado a comisión. Los trámites a seguir son los mismos que en el caso anterior, la única diferencia radica en el salario ya que si se contrata un empleado y se estipula un horario laboral se ha de pagar, como mínimo, el SMI y no sólo las comisiones. Además, en el contrato se debe dejar muy claro cuándo cobra la comisión.
  • Un autónomo que contrata a un familiar. En este caso el empleado debe ser un familiar directo (por consanguineidad, afinidad o adopción hasta segundo grado), tiene que tratarse de una colaboración habitual en el mismo centro de trabajo, el familiar debe convivir en el mismo hogar y no puede estar dado de alta como trabajador por cuenta ajena.

Los autónomos que decidan contratar un empleado mantendrán la tarifa plana (si la están disfrutando) durante los 18 meses independientemente de que contraten uno o varios trabajadores.

Unión estratégica entre Ad&Law y EJI

Presentamos la alianza entre AD&LAW y Estudio Jurídico Interconinental del Grupo EJI. Una alianza que permitirá ofrecer un servicio integral y de máxima calidad en los países en los que ambas firmas están presentes.

Unión estratégica entre Ad&Law y EJI

AD&LAW y Estudio Jurídico Interconinental del Grupo EJI han decidido aliarse para poder ofrecer un servicio integral y de máxima calidad en los países en los que tienen presencia bien a través de oficinas propias o de asociados en Alemania, Brasil, España, Reino Unido, Panamá y Argelia.

Una alianza demandada por sus clientes

Siguiendo la demanda de sus clientes, que solicitan asesoramiento financiero, fiscal y legal, tanto a nivel nacional como a nivel transnacional, ambas compañías creen firmemente que las sinergias de la alianza redundarán en favor de sus clientes y de su negocio. La experiencia de los equipos de ambas firmas, altamente especializados y con perfil internacional, permiten máxima eficacia y eficiencia a la hora de alcanzar los objetivos de los clientes en sus mercados.

Ad&Law y Estudio Jurídico Interconinental, por medio de Oliver von Schiller y Rafael González Díaz, son miembros de los Comités Jurídico-Fiscal y de Financiación e Incenivos de la Cámara de Comercio Brasil-España.

Cómo hacer frente a la recuperación de deudas impagadas

La gestión privada del cobro de deudas es una práctica cada vez más utilizada por empresas en España, que intentan recuperar impagos de sus deudores. Esta solución extrajudicial,  no constituye ilícito penal, es decir, el acreedor o las empresas de cobro, siempre que actúen dentro de la legalidad y sin extralimitaciones, tienen derecho a reclamar extrajudicialmente la deuda para que el deudor realice la entrega lo antes posible, así lo recoge el artículo 1096 del Código Civil.

El artículo 1100 del CC establece que, de forma judicial, las personas físicas o jurídicas que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en engaño, negligencia y morosidad, están sujetos a la indemnización de daños y prejuicios. Por lo tanto, ante una resolución firme de los órganos judiciales que dictamine la morosidad de una persona, el acreedor tiene derecho a recuperar la deuda por sí mismo y por su cuenta, en lugar de acudir a la tutela judicial del crédito.

Para ello, existen profesionales del recobro con experiencia y con una formación integral, sin embargo, también aparecen gestoras de cobro de impagos que en ocasiones incumplen la legislación actual y  tratan de manera ofensiva al deudor, incluso dañando los derechos fundamentales de la persona. Esta falta grave, se debe a la ausencia de una normativa específica que establezca y regule los límites y competencias de las empresas dedicadas a la gestión privada de recuperación de deudas, y que ha supuesto el aumento de empresas que utilizan malas prácticas.

Para una buena actuación a la hora de realizar el procedimiento de recobro de deudas impagadas, existe una serie de consejos:

Recopilar información. Es necesario conocer el historial de pago de la empresa deudora para realizar un estudio de expectativas de pago y observar la viabilidad de establecer un acuerdo con el deudor. Es imprescindible que el deudor tenga presente cuanto, como y cuando pagar.

No utilizar términos negativos. Al tratar personalmente con la empresa deudora, es recomendable emplear un lenguaje correcto pero serio, y utilizar eufemismos como “incidencia de cobro” en lugar de palabras con carga negativa como “impago”, “deuda” o “morosidad”.

Utilizar documentos físicos para apoyar los argumentos. Para rebatir los pretextos de la empresa deudora y resultar más convincente es importante tener a mano los documentos y las facturas que indiquen los impagos que se deben.

Advertir al deudor de las consecuencias legales del impago de deudas. En España, los sentenciados por los tribunales como morosos pasan a registros confidenciales de riesgo, de modo que los bancos y los clientes conocen esa información y desconfían de futuros negocios con esa empresa.

Recurrir a empresas de recobro de deudas. Si nada de eso funciona, las empresas de recuperación de deudas utilizarán métodos legales y legítimos contra el deudor.

Cambios en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil

El pasado 20 de agosto entró en vigor la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que permite la regulación de un régimen legal común de asistencia judicial. La nueva normativa asume la obligación derivada del Derecho internacional general de cooperación que permite a todos los órganos jurisdiccionales españoles comunicarse directamente y sin intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados, y establece un régimen legal común aplicable a la Cooperación jurídica internacional en materia civil.

Es decir, los jueces pueden pedir la cooperación internacional sin tener que pasar por otros juzgados, tal y como se tenía que hacer hasta ahora. De esta manera se agiliza el proceso y se llena un vacío legal al desarrollar una Ley que, hasta ahora, no encontrábamos en nuestro ordenamiento jurídico.

Esta Ley de carácter subsidiario da prioridad a la aplicación de las normas de la Unión Europea y de los acuerdos internacionales en los que España sea parte, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, y permite la aplicación del Derecho español a aquellos supuestos en los que no se haya podido acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero. Asimismo, establece un principio de especialidad que concede prioridad a las normas sectoriales específicas del Derecho interno después de las de la Unión Europea y otros tratados internacionales.

En cuanto al exequátur, el proceso especial civil dirigido a reconocer y a ejecutar en España las resoluciones extranjeras, la jurisprudencia regula con detalle el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras de forma circunstancial en cada procedimiento, así como el procedimiento judicial acorde a las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales. Como novedad, las medidas adoptadas en la sentencia extranjera que son desconocidas en el ordenamiento español, podrán ser cambiadas por medidas existentes en el Derecho de nuestro país con efectos equivalentes a los de la normativa del Estado de origen.

Las notificaciones y la obtención de pruebas por parte de Estados extranjeros se podrán adaptar al Derecho español y las solicitudes que se dirijan a autoridades españolas serán ejecutadas según nuestra legislación siempre que tenga efectos equivalentes y se persiga la misma finalidad, salvo que de forma excepcional y a petición de la autoridad extranjera se acepten procedimientos especiales. Además, la Ley establece que la ejecución de documentos públicos extranjeros y la inscripción en los registros públicos serán posibles mediante la adecuación de las instituciones extranjeras desconocidas.

Las multas a PYMES que usen software ilegal pueden llegar a los 280.000€

Las PYMES que no utilicen de manera legal su software corren el riesgo de ser multadas con hasta 280.000 euros. En este sentido se considera que se comete una infracción cuando se copia o se distribuye de manera no autorizada un software con copyright.

Para luchar y castigar de igual manera esta conducta en el mundo físico como en el ciberespacio, el 1 de julio se procedió a la reforma del Código Penal que hace recaer la responsabilidad de violaciones a la propiedad intelectual no sólo sobre los particulares, sino también sobre las empresas, endureciendo las faltas y calificándolas como delitos (leves o graves, según cada caso concreto) e incluyendo hasta penas de prisión para los mismos.

La reforma implica cambios fundamentales en la jurisprudencia sobre la protección de derechos de autor del software:

- Multas de hasta 280.000 €. Para condenar los delitos de piratería en España, la nueva legislación sancionará con multas graves, de 6 meses a 2 años, a las empresas o particulares que copien programas sin autorización.

- Penas de prisión de hasta 4 años. Para castigar los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y la explotación económica de cualquier obra, la reforma podrá imponer penas de prisión de 6 meses a 4 años. De esta forma se sancionará a aquellas personas o empresas que faciliten el acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual, pudiendo, incluso, bloquear el acceso a la web correspondiente y retirar las obras cuando a través de un portal se difundan los contenidos.

- Suspensión de la actividad empresarial. La empresa que vulnere los derechos de autor del software podrá ser suspendida de sus actividades hasta cinco años. Además, la normativa establece que podrá producirse la disolución de la compañía responsable del delito, impidiendo la continuación de su actividad empresarial.

- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. La empresa infractora será excluida de subvenciones y ayudas públicas para obtener beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante un máximo de quince años.

- Responsabilidad directa de los administradores. La nueva normativa del Código Penal podrá sancionar tanto a la persona jurídica o responsable legal de la empresa como al administrador, que dispongan de software sin licencia, con penas de prisión de hasta 4 años y multas equivalentes a las de las personas jurídicas. Además podrán ser inhabilitados de sus actividades y clausurados locales y establecimientos.

- Obligaciones para todas las empresas. La nueva ley impone a las compañías la responsabilidad de aplicar programas de cumplimiento, tales como la legalidad de su software; modelos de organización y gestión con medidas de vigilancia y control para la prevención de delitos; y un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de esas medidas.

Requisitos legales que debe cumplir una App

Las aplicaciones se han convertido en un negocio muy rentable que las ha convertido en el producto estrella para muchos emprendedores, desarrolladores e inversores.  Sin embargo, antes de lanzar una aplicación al mercado se debe prestar atención a los requisitos legales que, de no tenerse en cuenta, pueden acarrear sanciones.

Permisos, licencia y condiciones de uso. Hay que ser claros y explícitos a la hora de solicitar permisos al usuario para acceder a contactos de su dispositivo, realizar pagos o ceder datos. Además, es obligatorio desarrollar licencias y condiciones de uso. En todos los casos no basta con informar al usuario sino que éste tiene que aceptar, ya que en caso de reclamación tendremos una mejor defensa.

Derechos propios y de terceros. Es obligatorio disponer de licencias de los recursos que se vayan a utilizar. Para ello, hay que leer detenidamente las condiciones ya que hay casos en los que los recursos excluyen el uso comercial, no pudiéndose ejecutar en aplicaciones. Además, conviene proteger el contenido para evitar plagios y copias.

Menores. En caso de Apps dirigidas a menores de 14 años se deben consultar las leyes correspondientes y las obligaciones impuestas ya que existe una regulación especial en materia de consumidores y usuarios, protección de datos, derechos de imagen, etc.

Funcionalidades lícitas. Al igual que en el marketing tradicional, lo que es ilícito offline en la App también lo es como, por ejemplo, el estimular un ámbito de vida poco saludable, como el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias.

Privacidad y geolocalización. La recogida de información del usuario debe ser la indispensable para el funcionamiento de la App y éste debe tener la posibilidad de configurar la privacidad. Además, si nuestra aplicación dispone de geolocalización, se tiene que contar con la aceptación del usuario para poder acceder a ella.

Información y cookies. Es fundamental informar al usuario de los aspectos regulados en la ley y mostrar los datos sobre los creadores y sobre quienes se encuentra tras la App. También es necesario que el usuario acepte las cookies, mediante un aviso informativo con la información básica y precisa sobre las mismas, y los aspectos exigidos por la ley.

Markets. Tienen condiciones muy estrictas para que se puedan publicar las aplicaciones por lo que hay que cumplir siempre lo que piden. De hecho, incluso cumpliendo las condiciones al colgar la app, éstas pueden cambiar y hacer que la aplicación no esté disponible para usuarios nuevos. Un ejemplo que suelen alegar los markets para rechazar una App es que su interfaz de usuario es compleja o menos que “muy buena”.

Publicidad. Si monetizamos una aplicación a través de publicidad, ésta debe identificarse siempre como tal.

Recomendamos que no se pase por alto la normativa legal ya que el incumplimiento de estos requisitos puede generar problemas con la administración, la justicia y los usuarios. Además, de poder provocar retrasos en el lanzamiento, las actualizaciones o modificaciones de última hora de la aplicación que no estaban previstos y que pueden suponer un coste añadido al proyecto.

Trade, trabajadores por cuenta propia

Hay varias figuras que un trabajador debe considerar a la hora de convertirse en autónomo con el fin de seleccionar aquella que mejor se adecue a su labor. En este sentido, aquellas personas que vayan a iniciar un trabajo como autónomo y sepan que el 75% de sus ingresos va a proceder de un cliente concreto, de manera habitual, lo mejor que se establezcan como ‘trade’ ya que ésta figura es la que regula a aquellos trabajadores que son económicamente dependientes de un cliente específico.

Para ser considerado como un trabajador ‘trade’ la Ley establece que se tienen que cumplir una serie de requisitos:

  1. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad a terceros.
  2. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicio por cuenta del cliente.
  3. Tener una infraestructura productiva y materiales propios para el ejercicio de su actividad y que éstos sean independientes de los de su cliente.
  4. Que no ejerza su profesión en régimen societario o bajo cualquier otra fórmula jurídica admitida en derecho.
  5. Que no posea un local, establecimiento, oficina o despacho abierto al público.

Además, las personas que desarrollen su labor como ‘trade’ deben formalizar un contrato con su cliente en el que aparezcan los días de descanso, los festivos y la duración de su jornada laboral. De esta manera la relación que establecen con la empresa que les contrata es una relación mercantil por lo que se factura por los servicios prestados a la compañía.

Pero, ¿a qué está obligado un trabajador que desempeñe su actividad como ‘trade’?

  • Declaración censal
  • Pago de IVA e IRPF cada tres meses
  • Declaración de la renta por rendimientos de actividades económicas
  • Pagar IVA de las facturas. No obstante, se puede deducir los gastos.
  • Seguridad Social. En este caso es el trabajador el que fija la base de cotización y paga todos los meses la cuota.

La diferencia fundamental para seleccionar la figura de ‘trade’ frente a otras lo determinan los ingresos que se tengan del trabajo realizado. Es decir, un autónomo antes de decidir ser ‘trade’ tiene que tener en cuenta que si tiene una facturación elevada los impuestos también pueden serlo. Además, debe ser consciente de que en el este caso el régimen que los cubre es el de autónomos y no el régimen general de la seguridad social. 

¡EMPECEMOS!