Unión estratégica entre Ad&Law y EJI

Presentamos la alianza entre AD&LAW y Estudio Jurídico Interconinental del Grupo EJI. Una alianza que permitirá ofrecer un servicio integral y de máxima calidad en los países en los que ambas firmas están presentes.

Unión estratégica entre Ad&Law y EJI

AD&LAW y Estudio Jurídico Interconinental del Grupo EJI han decidido aliarse para poder ofrecer un servicio integral y de máxima calidad en los países en los que tienen presencia bien a través de oficinas propias o de asociados en Alemania, Brasil, España, Reino Unido, Panamá y Argelia.

Una alianza demandada por sus clientes

Siguiendo la demanda de sus clientes, que solicitan asesoramiento financiero, fiscal y legal, tanto a nivel nacional como a nivel transnacional, ambas compañías creen firmemente que las sinergias de la alianza redundarán en favor de sus clientes y de su negocio. La experiencia de los equipos de ambas firmas, altamente especializados y con perfil internacional, permiten máxima eficacia y eficiencia a la hora de alcanzar los objetivos de los clientes en sus mercados.

Ad&Law y Estudio Jurídico Interconinental, por medio de Oliver von Schiller y Rafael González Díaz, son miembros de los Comités Jurídico-Fiscal y de Financiación e Incenivos de la Cámara de Comercio Brasil-España.

Caso Gowex. Delitos societarios y responsabilidad de los Administradores

La noticia del caso Gowex está causando una gran alarma social, por los posibles perjuicios que tanto inversores minoritarios como grandes inversores puedan llegar a sufrir.

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El ex presidente de esta sociedad, que hasta hace pocos días llegó a valer en Bolsa más de 1500 millones de euros, Jenaro García, ha decidido confesar ante la autoridad judicial la falsedad de las cuentas de su sociedad.

Pero, ¿qué implica penalmente falsear las cuentas de la sociedad?

Se trata de uno de lo delitos societarios que recoge nuestro Código Penal, en concreto, en el artículo 290, según el cual comete delito societario el administrador de hecho o de derecho de una sociedad que falseare las cuentas anuales u otros documentos.

Para que la conducta resulte punible, la falsedad de las cuentas debe ser de tal entidad que sea idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero.

Parece que la confesión del Sr. García, podría cumplir punto por punto los requisitos necesarios para ser considerado autor del delito societario de falsedad de cuentas anuales, para el que el Código Penal prevé una pena de prisión que va de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

Se trata de un delito de peligro, no de resultado, lo que significa que no es necesario que el perjuicio se produzca realmente, basta con que la falsedad sea idónea para producirlo.

Pero es que si el perjuicio se produce, y en este caso todo parece indicar que sí, el Código Penal ordena la imposición de la pena en su mitad superior, lo que significa que el límite mínimo de la pena a imponer será de 2 años.

¿Quién puede cometer este delito?

Este delito puede ser cometido tanto por los administradores de hecho, como por los de derecho.

La Sentencia del TS de 19 de abril de 2012, sostiene que la figura del administrador de derecho no reviste dificultad alguna por tratarse de un concepto claramente delimitado por la legislación y la doctrina. Sin embargo, en relación a la figura del administrador de hecho su relevancia penal es clara en la medida que el legislador, en estos delitos societarios, ha ampliado el círculo de los posibles autores para incluir también a los administradores de hecho.

La Sentencia del TS de 26 de enero de 2007, estima como administrador de hecho “(…) quien, sin ostentar formalmente la condición de administrador de la sociedad, ejerza poderes de decisión de la sociedad y concretando en él los poderes de un administrador de derecho. Es la persona que manda en la empresa (…)”

¿Qué bien jurídico se pretende proteger?

El bien jurídico a proteger es tanto el tráfico mercantil como los intereses económicos de las sociedades, de sus socios y de las personas que se relacionan con ellos.

Los delitos societarios aparecen diseñados en nuestro Código Penal, según Del Rosal Blasco, como tipos de naturaleza mixta, patrimonial y socioeconómica, protectores no sólo de los intereses patrimoniales de la sociedad mercantil, de los socios, de los acreedores o de los terceros, sino también del interés del Estado y del derecho de los consumidores a una información adecuada sobre las circunstancias económicas de las sociedades mercantiles de capital y a un funcionamiento correcto y leal de las mismas y de sus órganos.

¿Quién puede denunciarlo?

Los delitos societarios sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona perjudicada o agraviada. Salvo que la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, como es el caso de Gowex, pudiendo entonces el órgano judicial actuar de oficio.

En próximas entregas os informaremos de las posibles consecuencias que pueden acarrear a los administradores de hecho o de derecho de las entidades mercantiles su actuación negligente, y trataremos de desgranar los posibles delitos en que hayan podido incurrir los responsables de esta sociedad que hasta el martes pasado era el buque insignia del MAB (Mercado Alternativo Bursátil).

Y ello, porque quizás el delito de falsedad de cuentas sea el menor de sus problemas, pues es más que probable que nos encontremos ante un/varios delito/s de estafa, penado con hasta 6 años de prisión (art. 250 CP) por cada uno de los inversores que confiaron en unas cuentas falsas a la hora de decidir invertir en esta sociedad. O ver si existen otros delitos societarios como el de disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraer obligaciones a cargo de la sociedad causando directamente un perjuicio económicamente evaluable, delito castigado con pena de prisión de hasta 4 años (art. 295) o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido, etc. Delitos que de confirmarse, dejarán en muy poco la pretendida atenuante de confesión y colaboración con la justicia que entendemos, se pretende con la declaración/confesión voluntaria del ex presidente de Gowex.

Ana Belén Spínola Pérez

Responsable del departamento jurídico de Ad&law

Abogada

Desaparecen los “tickets” y aparecen las “facturas simplificadas”

Entrada en vigor: 1 de enero de 2013

El Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, ha traído una novedad que puede ser de importancia a la hora de contabilizar los tickets de compra de determinados gastos, como gasolinas, comidas, pequeños gastos de papelería o taxis.

De hecho el decreto sustituye el concepto de ticket por el de factura simplificada, de manera que el documento justificante de la compra deberá incluir:

Imprescindible:

  • Número de factura, y en su caso, de serie
  • Identificación completa del nombre del expedidor, sea persona física o una sociedad
  • NIF del expedidor
  • Tipo impositivo aplicado, y opcionalmente, “IVA incluido”
  • Importe total de la compra
  • La identificación del tipo de bienes o servicios (nuevo)
  • La fecha de expedición (nuevo)

Y si además se quiere deducir el IVA:

  • NIF del cliente
  • Domicilio del cliente
  • Cuota de IVA, desglosada por separado

No creemos que haya problema en la mayoría de tickets para deducirlos como gasto, porque ya contienen la información requerida, aunque ahora se les pase a llamar facturas simplificadas. Pero habrá que estar atentos y avisar a los clientes en los casos en que no sea así, para evitar futuros problemas con la inspección en el Impuesto de Sociedades.

En cuanto a la deducibilidad del IVA, queda claro que pueden deducirse tanto las facturas “ordinarias” si cumplen todos los requisitos formales y en los supuestos tasados, o las nuevas facturas “simplificadas”, que ya no podemos llamar tickets, siempre que se añada el NIF y domicilio del cliente, y se desglose la cuota del IVA por separado.

¿En qué casos se admite esa factura simplificada?

  • Siempre que el importe (IVA incluido) sea inferior a 400€ (es decir, pequeñas compras)
  • También en compras inferiores a 3.000€ (IVA incluido) en tiendas al detalle, transporte de personas o gastos de hostelería y restauración, por ejemplo.

En cambio, en la normativa del impuesto de sociedades y del IRPF no es nada clara al respecto, limitándose a decir que serán deducibles aquellos gastos necesarios para el desarrollo de la actividad.

¿Qué gastos se pueden considerar necesarios para el desarrollo de la actividad? Pues lo que si está claro es que no son deducibles las liberalidades y rebuscando en la página de hacienda, hay una consulta que aclara lo que NO se consideran liberalidades y por lo tanto son deducibles:

“La ley del impuesto indica que no se considerarán donativos ni liberalidades, y por tanto son fiscalmente deducibles, los siguientes gastos:

- Por relaciones públicas con clientes o proveedores.

- Los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa.

- Los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa.

- Los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios.

Si desea obtener más información no dude en ponerse en contacto con el equipo fiscal de AD&LAW.

¿Por qué y cuándo se debe auditar una sociedad?

En los seis primeros meses del año, las empresas debe convocar una Junta General de socios o accionistas. La aprobación por los socios de los estados financieros, es, junto con la propuesta de aplicación del beneficio obtenido, la decisión más importante tomada por la junta.

Las cuentas pueden ser sometidas a auditoría, bien porque ciertas características de la empresa lo exija o porque los propios socios así lo decidan.

La obligación de auditar las cuentas anuales y el informe de gestión está regulada por el artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En él se establece como norma general que deben auditar las cuentas aquellas sociedades que durante dos ejercicios consecutivos superen al menos dos de los tres límites siguientes:

- Total de activo: 2.850.000 euros

- Importe Neto de la Cifra de Negocios: 5.700.000 euros

- Número medio de trabajadores: 50

Existen más supuestos de auditoría obligatoria pero el criterio anteriormente expresado es el más usual.

Las cuentas son sometidas a auditoría por profesionales independientes de la empresa con el fin de que emitan su opinión sobre si las mismas reflejan adecuadamente la imagen fiel de la empresa a cierre del ejercicio. Por lo tanto el papel del auditor es relevante, ya que gracias a él podemos saber si la compañía ha elaborado correctamente los estados financieros, aportando más garantías a la labor de la empresa.

El auditor examinará las cuentas y emitirá su informe de auditoría independiente. Este informe puede ser:

- Favorable: son los denominados informes limpios. Las cuentas anuales cumplen los principios y normas contables aceptadas.

- Favorable con salvedades: el auditor da el visto bueno con alguna excepción.

- Adversa: se produce cuando el auditor ha encontrado irregularidades que hacen que los estados financieros no representen la imagen fiel de la empresa.

- Denegada: reservada para los casos en los que al auditor le ha sido imposible realizar su trabajo.

Por lo tanto, la opinión del auditor independiente ayuda a la credibilidad de los estados económico-financieros emitidos por la empresa.

 

MARTA PARRA

¡EMPECEMOS!