28 28UTC octubre 28UTC 2013 manolo Barnuevo

Caso Inés del Río, o cómo lo ajustado a Derecho puede ser tremendamente injusto

Nos encontramos estos días con la noticia en todos los medios de comunicación. “Tumbada la doctrina Parot”.

El caso trata sobre el aplazamiento de la fecha de puesta en libertad de una persona, la etarra Inés del Río, condenada por delitos de terrorismo por aplicación de una nueva interpretación jurisprudencial (Doctrina Parot) del Tribunal Supremo adoptada tras su condena.

La aplicación de esta nueva doctrina suponía, a groso modo, que en lugar de quedar en libertad en Julio de 2008 por aplicación de la redención de penas por trabajos vigente en ese momento, quedaría en libertad en Junio de 2017 al aplicarse esta redención sobre cada una de las penas impuestas por separado y no sobre el límite máximo de 30 años de cumplimiento, como se venía haciendo.

El Tribunal entiende que la condenada no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar casi nueve años la fecha de su puesta en libertad. Lo que supone que cumpliría una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según la ley aplicable en el momento en que fue condenada.

¿Cómo explicar a un familiar de las personas muertas en Hipercor, por citar uno de la larga lista de atentados que esta etarra tiene en su curriculum, que el Estado de Derecho debe y así lo hace, garantizar los derechos de los verdugos en un plano de igualdad con los derechos de las víctimas?

La respuesta jurídicamente es muy fácil: TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, lo recoge nuestra Constitución en su art. 14.

También es verdad que este texto constitucional recoge justo en el artículo siguiente, art. 15, el derecho fundamental a la VIDA, como uno de los derechos con mayor protección constitucional y jurisdiccional.

Y dos artículos después, el 17, protege el derecho que tiene toda persona a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Para entender la sentencia, debemos saber que uno de  los principios inspiradores de Derecho Penal es la irretroactividad de la ley penal desfavorable para el reo. Y el TEDH entiende que se ha producido una aplicación retroactiva desfavorable para el reo, al aplicar a este caso la llamada Doctrina Parot, por ser posterior al momento en que fue condenada la etarra y suponer un aplazamiento de su puesta en libertad.

Que la sentencia, en la que ha participado un juez español, Don Luis López Guerra, conocido por su trayectoria política, es ajustada a Derecho parece que no hay duda. Ya ilustres juristas, como el Profesor Don José Nuñez Fernández lo venían anunciando en alguna de sus ponencias y a través de algún artículo jurídico de gran calidad doctrinal. Pero de que es tremendamente INJUSTA, en el sentido de justicia material, de justicia humana, de justicia personal, hay aún menos dudas.

El comunicado de prensa del TEDH que os adjuntamos, explica muy bien el por qué de esta decisión y de su justicia formal, pero lamentablemente no dará respuesta a las preguntas de las víctimas, a las que otra vez les toca bailar con la más fea, en defensa de un sistema democrático y garantista.

Esto es el claro ejemplo de que no siempre coinciden justicia formal y justicia material y de cómo una sentencia ajustada a Derecho puede ser tremendamente injusta para la mayoría de la población, injusta a nivel de piel.

Ana Belén Spínola Pérez (Abogada en Ad&Law)

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