18 18UTC septiembre 18UTC 2015 manolo Barnuevo

Cambios en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil

El pasado 20 de agosto entró en vigor la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que permite la regulación de un régimen legal común de asistencia judicial. La nueva normativa asume la obligación derivada del Derecho internacional general de cooperación que permite a todos los órganos jurisdiccionales españoles comunicarse directamente y sin intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados, y establece un régimen legal común aplicable a la Cooperación jurídica internacional en materia civil.

Es decir, los jueces pueden pedir la cooperación internacional sin tener que pasar por otros juzgados, tal y como se tenía que hacer hasta ahora. De esta manera se agiliza el proceso y se llena un vacío legal al desarrollar una Ley que, hasta ahora, no encontrábamos en nuestro ordenamiento jurídico.

Esta Ley de carácter subsidiario da prioridad a la aplicación de las normas de la Unión Europea y de los acuerdos internacionales en los que España sea parte, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, y permite la aplicación del Derecho español a aquellos supuestos en los que no se haya podido acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero. Asimismo, establece un principio de especialidad que concede prioridad a las normas sectoriales específicas del Derecho interno después de las de la Unión Europea y otros tratados internacionales.

En cuanto al exequátur, el proceso especial civil dirigido a reconocer y a ejecutar en España las resoluciones extranjeras, la jurisprudencia regula con detalle el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras de forma circunstancial en cada procedimiento, así como el procedimiento judicial acorde a las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales. Como novedad, las medidas adoptadas en la sentencia extranjera que son desconocidas en el ordenamiento español, podrán ser cambiadas por medidas existentes en el Derecho de nuestro país con efectos equivalentes a los de la normativa del Estado de origen.

Las notificaciones y la obtención de pruebas por parte de Estados extranjeros se podrán adaptar al Derecho español y las solicitudes que se dirijan a autoridades españolas serán ejecutadas según nuestra legislación siempre que tenga efectos equivalentes y se persiga la misma finalidad, salvo que de forma excepcional y a petición de la autoridad extranjera se acepten procedimientos especiales. Además, la Ley establece que la ejecución de documentos públicos extranjeros y la inscripción en los registros públicos serán posibles mediante la adecuación de las instituciones extranjeras desconocidas.

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