Cómo hacer frente a la recuperación de deudas impagadas

La gestión privada del cobro de deudas es una práctica cada vez más utilizada por empresas en España, que intentan recuperar impagos de sus deudores. Esta solución extrajudicial,  no constituye ilícito penal, es decir, el acreedor o las empresas de cobro, siempre que actúen dentro de la legalidad y sin extralimitaciones, tienen derecho a reclamar extrajudicialmente la deuda para que el deudor realice la entrega lo antes posible, así lo recoge el artículo 1096 del Código Civil.

El artículo 1100 del CC establece que, de forma judicial, las personas físicas o jurídicas que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en engaño, negligencia y morosidad, están sujetos a la indemnización de daños y prejuicios. Por lo tanto, ante una resolución firme de los órganos judiciales que dictamine la morosidad de una persona, el acreedor tiene derecho a recuperar la deuda por sí mismo y por su cuenta, en lugar de acudir a la tutela judicial del crédito.

Para ello, existen profesionales del recobro con experiencia y con una formación integral, sin embargo, también aparecen gestoras de cobro de impagos que en ocasiones incumplen la legislación actual y  tratan de manera ofensiva al deudor, incluso dañando los derechos fundamentales de la persona. Esta falta grave, se debe a la ausencia de una normativa específica que establezca y regule los límites y competencias de las empresas dedicadas a la gestión privada de recuperación de deudas, y que ha supuesto el aumento de empresas que utilizan malas prácticas.

Para una buena actuación a la hora de realizar el procedimiento de recobro de deudas impagadas, existe una serie de consejos:

Recopilar información. Es necesario conocer el historial de pago de la empresa deudora para realizar un estudio de expectativas de pago y observar la viabilidad de establecer un acuerdo con el deudor. Es imprescindible que el deudor tenga presente cuanto, como y cuando pagar.

No utilizar términos negativos. Al tratar personalmente con la empresa deudora, es recomendable emplear un lenguaje correcto pero serio, y utilizar eufemismos como “incidencia de cobro” en lugar de palabras con carga negativa como “impago”, “deuda” o “morosidad”.

Utilizar documentos físicos para apoyar los argumentos. Para rebatir los pretextos de la empresa deudora y resultar más convincente es importante tener a mano los documentos y las facturas que indiquen los impagos que se deben.

Advertir al deudor de las consecuencias legales del impago de deudas. En España, los sentenciados por los tribunales como morosos pasan a registros confidenciales de riesgo, de modo que los bancos y los clientes conocen esa información y desconfían de futuros negocios con esa empresa.

Recurrir a empresas de recobro de deudas. Si nada de eso funciona, las empresas de recuperación de deudas utilizarán métodos legales y legítimos contra el deudor.

Cómo conseguir liquidez para tu empresa

Las empresas se encuentran día a día ante la necesidad de hacer frente a distintos pagos y para ello necesitan liquidez, que no es otra cosa que la capacidad de obtener recursos líquidos a través de su explotación con los que atender sus obligaciones de pago. Por tanto, es indispensable que todas las empresas conozcan y midan su liquidez ya que así sabrán en qué situación se encuentran.

Para relacionar el efectivo de la empresa con las deudas a corto plazo y medir la liquidez, se utiliza el ratio o razón de  liquidez, de cuyo análisis se puede obtener la solvencia de efectivo de la empresa y su capacidad de generar fondos para atender los compromisos adquiridos con terceros. Pero ¡ojo! porque una empresa que tiene buena liquidez es solvente pero puede darse el caso de que una empresa sea solvente pero no genere liquidez.

¿Qué pasa si la empresa no tiene liquidez? Pues que hay problemas para atender los pagos, lo que genera tensiones en la tesorería. Normalmente, la falta de liquidez se intenta solucionar pidiendo más dinero. Sin embargo, para optimizar la tesorería las empresas deben analizar la rentabilidad de su actividad y comprobar que las líneas de negocio no llevan a la empresa a una situación deficitaria.

Además de organizar los cobros y pagos y de diseñar un calendario de inversiones, existen otras fórmulas que las empresas pueden utilizar para conseguir liquidez:

Renegociar condiciones con clientes y proveedores. Ajustar las fórmulas de cobro y pago con clientes y proveedores, de manera flexible, en función de las necesidades de la empresa y que favorezcan a las dos partes, puede acelerar la adquisición de liquidez.

Aplazar la deuda. Hacienda permite aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, si el procedimiento se realiza antes de que venza el plazo correspondiente para pagar.

Gestionar el stock. Es importante tener el stock al mínimo, ya que el exceso de existencias en el almacén implica tener dinero parado.

Vender o alquilar activos no estratégicos.  De esta forma se da salida a equipos de la empresa que no constituyen su actividad principal y no entran directamente en su valoración generando, así, una oportunidad para obtener liquidez.

Cambios en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil

El pasado 20 de agosto entró en vigor la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que permite la regulación de un régimen legal común de asistencia judicial. La nueva normativa asume la obligación derivada del Derecho internacional general de cooperación que permite a todos los órganos jurisdiccionales españoles comunicarse directamente y sin intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados, y establece un régimen legal común aplicable a la Cooperación jurídica internacional en materia civil.

Es decir, los jueces pueden pedir la cooperación internacional sin tener que pasar por otros juzgados, tal y como se tenía que hacer hasta ahora. De esta manera se agiliza el proceso y se llena un vacío legal al desarrollar una Ley que, hasta ahora, no encontrábamos en nuestro ordenamiento jurídico.

Esta Ley de carácter subsidiario da prioridad a la aplicación de las normas de la Unión Europea y de los acuerdos internacionales en los que España sea parte, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, y permite la aplicación del Derecho español a aquellos supuestos en los que no se haya podido acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero. Asimismo, establece un principio de especialidad que concede prioridad a las normas sectoriales específicas del Derecho interno después de las de la Unión Europea y otros tratados internacionales.

En cuanto al exequátur, el proceso especial civil dirigido a reconocer y a ejecutar en España las resoluciones extranjeras, la jurisprudencia regula con detalle el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras de forma circunstancial en cada procedimiento, así como el procedimiento judicial acorde a las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales. Como novedad, las medidas adoptadas en la sentencia extranjera que son desconocidas en el ordenamiento español, podrán ser cambiadas por medidas existentes en el Derecho de nuestro país con efectos equivalentes a los de la normativa del Estado de origen.

Las notificaciones y la obtención de pruebas por parte de Estados extranjeros se podrán adaptar al Derecho español y las solicitudes que se dirijan a autoridades españolas serán ejecutadas según nuestra legislación siempre que tenga efectos equivalentes y se persiga la misma finalidad, salvo que de forma excepcional y a petición de la autoridad extranjera se acepten procedimientos especiales. Además, la Ley establece que la ejecución de documentos públicos extranjeros y la inscripción en los registros públicos serán posibles mediante la adecuación de las instituciones extranjeras desconocidas.

Las multas a PYMES que usen software ilegal pueden llegar a los 280.000€

Las PYMES que no utilicen de manera legal su software corren el riesgo de ser multadas con hasta 280.000 euros. En este sentido se considera que se comete una infracción cuando se copia o se distribuye de manera no autorizada un software con copyright.

Para luchar y castigar de igual manera esta conducta en el mundo físico como en el ciberespacio, el 1 de julio se procedió a la reforma del Código Penal que hace recaer la responsabilidad de violaciones a la propiedad intelectual no sólo sobre los particulares, sino también sobre las empresas, endureciendo las faltas y calificándolas como delitos (leves o graves, según cada caso concreto) e incluyendo hasta penas de prisión para los mismos.

La reforma implica cambios fundamentales en la jurisprudencia sobre la protección de derechos de autor del software:

- Multas de hasta 280.000 €. Para condenar los delitos de piratería en España, la nueva legislación sancionará con multas graves, de 6 meses a 2 años, a las empresas o particulares que copien programas sin autorización.

- Penas de prisión de hasta 4 años. Para castigar los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y la explotación económica de cualquier obra, la reforma podrá imponer penas de prisión de 6 meses a 4 años. De esta forma se sancionará a aquellas personas o empresas que faciliten el acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual, pudiendo, incluso, bloquear el acceso a la web correspondiente y retirar las obras cuando a través de un portal se difundan los contenidos.

- Suspensión de la actividad empresarial. La empresa que vulnere los derechos de autor del software podrá ser suspendida de sus actividades hasta cinco años. Además, la normativa establece que podrá producirse la disolución de la compañía responsable del delito, impidiendo la continuación de su actividad empresarial.

- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. La empresa infractora será excluida de subvenciones y ayudas públicas para obtener beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante un máximo de quince años.

- Responsabilidad directa de los administradores. La nueva normativa del Código Penal podrá sancionar tanto a la persona jurídica o responsable legal de la empresa como al administrador, que dispongan de software sin licencia, con penas de prisión de hasta 4 años y multas equivalentes a las de las personas jurídicas. Además podrán ser inhabilitados de sus actividades y clausurados locales y establecimientos.

- Obligaciones para todas las empresas. La nueva ley impone a las compañías la responsabilidad de aplicar programas de cumplimiento, tales como la legalidad de su software; modelos de organización y gestión con medidas de vigilancia y control para la prevención de delitos; y un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de esas medidas.

Requisitos legales que debe cumplir una App

Las aplicaciones se han convertido en un negocio muy rentable que las ha convertido en el producto estrella para muchos emprendedores, desarrolladores e inversores.  Sin embargo, antes de lanzar una aplicación al mercado se debe prestar atención a los requisitos legales que, de no tenerse en cuenta, pueden acarrear sanciones.

Permisos, licencia y condiciones de uso. Hay que ser claros y explícitos a la hora de solicitar permisos al usuario para acceder a contactos de su dispositivo, realizar pagos o ceder datos. Además, es obligatorio desarrollar licencias y condiciones de uso. En todos los casos no basta con informar al usuario sino que éste tiene que aceptar, ya que en caso de reclamación tendremos una mejor defensa.

Derechos propios y de terceros. Es obligatorio disponer de licencias de los recursos que se vayan a utilizar. Para ello, hay que leer detenidamente las condiciones ya que hay casos en los que los recursos excluyen el uso comercial, no pudiéndose ejecutar en aplicaciones. Además, conviene proteger el contenido para evitar plagios y copias.

Menores. En caso de Apps dirigidas a menores de 14 años se deben consultar las leyes correspondientes y las obligaciones impuestas ya que existe una regulación especial en materia de consumidores y usuarios, protección de datos, derechos de imagen, etc.

Funcionalidades lícitas. Al igual que en el marketing tradicional, lo que es ilícito offline en la App también lo es como, por ejemplo, el estimular un ámbito de vida poco saludable, como el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias.

Privacidad y geolocalización. La recogida de información del usuario debe ser la indispensable para el funcionamiento de la App y éste debe tener la posibilidad de configurar la privacidad. Además, si nuestra aplicación dispone de geolocalización, se tiene que contar con la aceptación del usuario para poder acceder a ella.

Información y cookies. Es fundamental informar al usuario de los aspectos regulados en la ley y mostrar los datos sobre los creadores y sobre quienes se encuentra tras la App. También es necesario que el usuario acepte las cookies, mediante un aviso informativo con la información básica y precisa sobre las mismas, y los aspectos exigidos por la ley.

Markets. Tienen condiciones muy estrictas para que se puedan publicar las aplicaciones por lo que hay que cumplir siempre lo que piden. De hecho, incluso cumpliendo las condiciones al colgar la app, éstas pueden cambiar y hacer que la aplicación no esté disponible para usuarios nuevos. Un ejemplo que suelen alegar los markets para rechazar una App es que su interfaz de usuario es compleja o menos que “muy buena”.

Publicidad. Si monetizamos una aplicación a través de publicidad, ésta debe identificarse siempre como tal.

Recomendamos que no se pase por alto la normativa legal ya que el incumplimiento de estos requisitos puede generar problemas con la administración, la justicia y los usuarios. Además, de poder provocar retrasos en el lanzamiento, las actualizaciones o modificaciones de última hora de la aplicación que no estaban previstos y que pueden suponer un coste añadido al proyecto.

Trade, trabajadores por cuenta propia

Hay varias figuras que un trabajador debe considerar a la hora de convertirse en autónomo con el fin de seleccionar aquella que mejor se adecue a su labor. En este sentido, aquellas personas que vayan a iniciar un trabajo como autónomo y sepan que el 75% de sus ingresos va a proceder de un cliente concreto, de manera habitual, lo mejor que se establezcan como ‘trade’ ya que ésta figura es la que regula a aquellos trabajadores que son económicamente dependientes de un cliente específico.

Para ser considerado como un trabajador ‘trade’ la Ley establece que se tienen que cumplir una serie de requisitos:

  1. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad a terceros.
  2. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicio por cuenta del cliente.
  3. Tener una infraestructura productiva y materiales propios para el ejercicio de su actividad y que éstos sean independientes de los de su cliente.
  4. Que no ejerza su profesión en régimen societario o bajo cualquier otra fórmula jurídica admitida en derecho.
  5. Que no posea un local, establecimiento, oficina o despacho abierto al público.

Además, las personas que desarrollen su labor como ‘trade’ deben formalizar un contrato con su cliente en el que aparezcan los días de descanso, los festivos y la duración de su jornada laboral. De esta manera la relación que establecen con la empresa que les contrata es una relación mercantil por lo que se factura por los servicios prestados a la compañía.

Pero, ¿a qué está obligado un trabajador que desempeñe su actividad como ‘trade’?

  • Declaración censal
  • Pago de IVA e IRPF cada tres meses
  • Declaración de la renta por rendimientos de actividades económicas
  • Pagar IVA de las facturas. No obstante, se puede deducir los gastos.
  • Seguridad Social. En este caso es el trabajador el que fija la base de cotización y paga todos los meses la cuota.

La diferencia fundamental para seleccionar la figura de ‘trade’ frente a otras lo determinan los ingresos que se tengan del trabajo realizado. Es decir, un autónomo antes de decidir ser ‘trade’ tiene que tener en cuenta que si tiene una facturación elevada los impuestos también pueden serlo. Además, debe ser consciente de que en el este caso el régimen que los cubre es el de autónomos y no el régimen general de la seguridad social. 

¡EMPECEMOS!